"La insolvencia inminente (art. 2.3 TRLC) no requiere que se hayan incumplido obligaciones exigibles (trabajadores, proveedores, administraciones públicas, etc.) sino que se prevea que no se podrán cumplir, y ello, a juicio de esta parte es asà y, precisamente tal circunstancia -esa previsión de no poder cumplir- es la que motivó el pasado diciembre la necesidad de acceder a los 5.000.000 euros y motiva ahora la solicitud de autorización judicial a la que alegamos".
"En este sentido, es igualmente relevante tener presente que, de los datos que constan en la información económica que cumplidamente aporta el administrador judicial en sus rendiciones de cuenta, no parece desprenderse que la financiación hasta ahora obtenida haya sido destinada a eventualidades o gastos extraordinarios sino que, lejos de ello, parece haber consumido en el curso ordinario de la actividad lo que hace previsible que, la nueva financiación que se pretende, termine cubriendo idéntica finalidad".
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